El cálao de yelmo (Rhinoplax vigil), un ave nativa de los bosques de Indonesia, pasó de no estar amenazado en 2012 a estar en peligro crítico en 2015, y todo por su pico. A diferencia de otros pájaros, su casco sólido y compuesto de queratina lleva años siendo objeto de deseo en el comercio ilegal cuya demanda experimentó un repunte en 2011. El valioso ‘marfil’ del cálao, como se denomina, es utilizado para realizar pequeños grabados.

Cientos de millones de ejemplares de animales y plantas corren la misma suerte que esta ave asiática. Los traficantes de especies capturan los animales para entregarlos, unas veces, vivos, y otras, para vender productos derivados. El comercio ilegal amenaza a miles de especies en todo el mundo.

Para impedir estas lucrativas actividades en los años 70 nació la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés), un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Desde entonces, unas 35.000 especies de animales y plantas gozan de diferentes grados de protección.

A CITES, se une la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para determinar qué especies corren mayor peligro de extinción, y así tomar las decisiones políticas oportunas para revertir el destino de la vida salvaje.

Sin embargo, a pesar de la importancia de estos organismos internacionales en la conservación de la naturaleza, dos científicos de las universidades de Chicago y Princeton en EE UU muestran ahora en la revista Science que el proceso político tarda demasiado tiempo en proteger a las especies que los científicos han señalado como vulnerables, en peligro o en peligro crítico de extinción.

“Hemos cuantificado por primera vez el grado de solapamiento entre la mejor información disponible sobre el riesgo de extinción de las especies del comercio internacional –procedente de la Lista Roja de la UICN– y la mejor herramienta de política internacional que tenemos, la CITES”, subraya a Sinc Eyal Frank, coautor del trabajo e investigador en la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago.

Hasta 20 años de espera

Los investigadores determinaron que en la Lista Roja unas 958 especies se encuentran amenazadas por el tráfico ilegal de especies. De ellas, unas 271 (el  28,18 %) no están protegidas en ningún apéndice de la CITES.

El 34,86 % (es decir 334 especies) sí recibe protección después de ser incluidas en la Lista Roja, y el 36,84 % (unas 353) están protegidas en la CITES incluso antes de ser evaluadas por la UICN y considerar que estaban amenazadas por el comercio ilegal.

Además, al analizar la rapidez con la que las especies eran protegidas, los científicos se percataron de que el 62 % tenía que esperar hasta 19 años para recibir protección de la CITES. Algunas especies llevan incluso 24 años esperando a ser incluidas desde que fueron consideradas vulnerables o en peligro por primera vez.

“Hay muchos casos en los que puede haber especies que se están quedando atrás en términos de protección contra el tráfico ilegal”, indica a Sinc Frank, quien añade que “eso podría tener impactos perjudiciales sobre ellas”. Este patrón se repite incluso para las especies más amenazadas.

Cómo superar la brecha

En su estudio, los científicos, que desconocen las razones de estos retrasos, proponen que los países desarrollen sus propias estrategias para proteger a las especies de la Lista Roja con independencia de la CITES. “Los países deben actuar a través de la legislación nacional y asegurarse de que la especie recibe protección”, apunta Frank.

Además, los autores sugieren que se debe implementar la colaboración entre la UICN y CITES para garantizar que las especies no protegidas y que sean identificadas por la Lista Roja reciban una atención inmediata por parte de la CITES.

“El proceso de legislación de políticas debe responder rápidamente a la nueva información para prevenir la extinción de cientos de animales y plantas. Es por eso que es absolutamente crítico que los legisladores permitan a la ciencia informar rápido del proceso de protección”, recalca Frank.

El próximo mes de mayo tendrá lugar una conferencia de la CITES para votar sobre restricciones al comercio de especies silvestres. “La CITES ofrece un gran mecanismo para la coordinación y recolección de datos. Por eso nos gustaría que actuara rápidamente sobre la información científica disponible”, sugiere a Sinc el investigador. «La especie amenaza debería recibir un voto rápidamente para ser incluida en los apéndices I y II de la CITES», concluye.