Asambleas ciudadanas: el poder de la participación social en la acción climática

La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones sobre la crisis climática está tomando impulso en todo el mundo, especialmente en Europa. Ante el desafío de descarbonizar la economía y llevar esto a cabo sin dejar a nadie atrás, es decir, haciéndose cargo de aquellos colectivos que perderán con el cambio de modelo, cada vez más gobiernos están apostando por la deliberación ciudadana a través de asambleas, jurados y otros ejercicios de organización democrática con los que escuchar la opinión de la ciudadanía respecto a cómo se debe encauzar el cambio.

El informe de la Fundación Conama Asambleas ciudadanas: el poder de la participación social en la acción climática analiza las causas, el proceso, los detalles y resultados de las iniciativas llevadas a cabo en Europa (Francia, Reino Unido, Irlanda y Suecia, realizadas de forma presencial, y Escocia, de forma digital debido a la situación generada por la pandemia del coronavirus) con el fin de servir de reflejo para lanzar en España una Asamblea del Clima.

Todas las experiencia europeas coinciden en tres elementos clave para que estos ejercicios de democracia directa tenga éxito: los ciudadanos son elegidos por sorteo, es preferible que sean remunerados por su tiempo y sus aportaciones y se debe contar con la participación de expertos, de modo que las decisiones que se tomen sean informadas.

El informe también plasma la consulta realizada por Fundación Conama a los 1200 expertos ambientales ligados al Congreso Nacional del Medio Ambiente (Conama 2020) sobre los elementos que serían necesarios para la celebración de una Asamblea del Clima en España. De las cerca de 200 respuestas obtenidas, el 65,2% de los expertos reconoce que el cambio climático es un tema muy complejo, pero que esto no es un obstáculo para que salgan propuestas acertadas de las asambleas ciudadanas. Respecto al eventual carácter vinculante de las decisiones de la asamblea, solo un 20,9% se manifiesta favorable y un 15,5% apuesta por que sean tramitadas como iniciativa popular legislativa. Se muestran de acuerdo en que es posible alcanzar el consenso en estas reuniones mucho más que en el entorno político, pues sus participantes no representan intereses de terceras partes, sino de ciudadanos y ciudadanas preocupados por un problema concreto y que les concierne.

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