El lobo deja de ser una especie cinegética
Desde febrero de este año, el Gobierno había anunciado la preparación de los trámites para incluir a todas las poblaciones de lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).
Así, el martes pasado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una Orden que establece que este cánido deja de ser una especie cinegética y pasa a formar parte del LESPRE, lo que implica que su caza queda prohibida.
Dicha orden establece dos disposiciones adicionales: una de ellas referida a que la captura de ejemplares, fijada con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden, podrá seguir aplicándose si cuenta con el consentimiento de las autoridades autonómicas.
Asimismo, se deberá justificar que la medida de captura de ejemplares no afecte negativamente al estado de conservación favorable de la especie y a la existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas, según informa EFE.
La segunda disposición añade que la estrategia de conservación y gestión del lobo en España será aprobada por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, antes del 31 de diciembre de 2021, y se publicará en la página web del MITECO.
La orden ministerial cuenta con el respaldo del Comité Científico, que entiende que el estancamiento de la población de lobo ibérico en los últimos años y la congelación de su área de distribución ─a pesar de la existencia de hábitats adecuados para su desarrollo más allá del noroeste peninsular─, se ha producido como consecuencia de la elevada tasa de mortandad no natural que soporta la especie.
Ambientalistas celebran la protección del lobo.
Diversas organizaciones ambientalistas han acogido satisfactoriamente la Orden del Gobierno, ya que lo consideran un avance para la conservación de este animal y para el equilibrio de los ecosistemas.
Para el coordinador del partido Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, la protección del lobo supone «una magnífica noticia que llevábamos años esperando» y ha indicado que su partido velará porque las administraciones garanticen dicha protección y cuenten con recursos suficientes para fomentar la ganadería extensiva y su convivencia con la especie.
Por su parte, Ecologistas en Acción explica que la Orden gubernamental llega tras “años de denuncias, estudios, manifestaciones, informes y procesos judiciales» con los que han reclamado la protección del lobo. Además, exigen medidas que potencien la coexistencia del lobo y la ganadería como la persecución de la caza ilegal y reclaman que se «deje de alimentar el conflicto social» entre el lobo y los ganaderos.
El enfado del sector ganadero.
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han acusado al Gobierno de condenar a la ganadería a su extinción al incluir al lobo ibérico en el LESPRE.
La inclusión del lobo en el listado de especies protegidas ha caído como «un jarro de agua fría» sobre los ganaderos ─han destacado las organizaciones representativas─, que han lamentado la decisión del Gobierno «a pesar de las muchas reuniones, los intensos diálogos, los múltiples argumentos y la total oposición de las comunidades con presencia de lobo».
Los ganaderos han pedido la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, pues consideran que su departamento ha tomado una decisión «tendenciosa e ideológica, basada en la falsedad de que el lobo está amenazado en España».
«Es una medida tomada desde los despachos y no desde los pueblos. Cualquiera que viva en el medio rural y conviva con el lobo sabe que la mejor gestión no es la total protección», han apuntado.
A su juicio, el blindaje del lobo es un «ataque a la ganadería y a las razas autóctonas de la península Ibérica», ya que prevén que aumenten los ataques al ganado, las pérdidas y el despoblamiento.
Sanciones económicas y penales.
La inclusión de los cánidos que viven al norte del Duero en el listado permite que no solo su muerte quede sancionada, sino también su comercio o intercambio, captura y oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizada, según informa EFE.
Ecologistas en Acción recuerda que con la entrada en vigor de la Orden gubernamental «la persecución del lobo pasa a ser un delito tipificado» en el Código Penal castigado con «pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a 24 meses» así como con la inhabilitación de dos a cuatro años del derecho de caza o de pesca.
En la imposición de esas sanciones se guarda la adecuación con la gravedad del hecho, teniendo en cuenta criterios como la magnitud del riesgo que supone la conducta infractora y su repercusión; la cuantía, en su caso, de los daños ocasionados; su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas o bienes protegidos por esta ley o el grado de intencionalidad apreciable.
Comité Científico, que entiende que el estancamiento de la población de lobo ibérico en los últimos años y la congelación de su área de distribución ─a pesar de la existencia de hábitats adecuados para su desarrollo más allá del noroeste peninsular─, se ha producido como consecuencia de la elevada tasa de mortandad no natural que soporta la especie.
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