Los resultados de estudio, publicados recientemente en la revista Nature Food, han sido generados en el marco del proyecto Biodesert, desarrollado desde el Laboratorio de Ecología de Zonas Áridas y Cambio Global de la Universidad de Alicante con la financiación del Consejo Europeo de Investigación.

El actual sistema agroalimentario alberga una serie de incentivos que, por un lado, favorecen que muchos de los alimentos producidos sean descartados antes de entrar en el circuito comercial y, por otro lado, conducen a la degradación de los ecosistemas naturales. Un informe de 2011 realizado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), estimó que más de un tercio de los alimentos producidos en el mundo no son consumidos.

Más recientemente, en 2019, otro informe de la FAO estimó que se desperdicia el equivalente al 14% del valor económico de la producción global de alimentos desde que se cosechan hasta que llegan a la venta al por menor. En la mayoría de países con rentas altas, la razón principal de que esto ocurra no es otra que controlar los precios, pues, en ocasiones, un exceso de oferta en el mercado puede llevarlos a caer por debajo de los costes de producción, generando, por tanto, pérdidas económicas para los productores.

Junto a las consideraciones éticas que tiene el hecho de desechar alimentos en un mundo donde, según la FAO, cerca de 700 millones de personas padecen malnutrición, esta situación genera un problema adicional en términos de sostenibilidad ambiental. Y es que, en no pocas ocasiones, los alimentos descartados se han producido mediante métodos insostenibles, de manera que contribuyen al agotamiento de recursos como el agua y fertilizantes y al cambio climático debido a la emisión de gases de efecto invernadero. Así pues, resulta imprescindible aportar nuevos datos que nos ayuden a tomar conciencia sobre esa especie de oxímoron en que se ha convertido el hecho de producir alimentos mediante unas prácticas que comprometen el bienestar humano a largo plazo, máxime cuando dichas prácticas son subvencionadas por algunos países y entidades supranacionales. Por ejemplo, la Política Agraria Común de la Unión Europea (la famosa PAC) cuenta con un programa de subsidios para compensar a los agricultores las pérdidas económicas causadas por la inestabilidad del precio de sus productos, desembocando en una espiral de hipercompetitividad dentro del sector.

Esta zona del sureste ibérico se asienta sobre suelos con escaso potencial agrícola y allá por los años 50 contaba con una de las rentas per cápita más baja de España. Sin embargo, en los años 60 del siglo XX, la llegada de la agricultura basada en invernaderos convirtió a esta provincia en el paradigma del desarrollo demográfico y socioeconómico, siendo en la actualidad responsable de la mayor parte del comercio internacional agroalimentario de Andalucía.

Los resultados del trabajo llevado a cabo por los investigadores de la Universidad de Alicante muestran que, para la provincia de Almería, y solo en 2019, más de 300.000 m³ de agua subterránea y 136,5 toneladas de fertilizantes han sido desaprovechados, y que esta actividad ha conllevado la emisión a la atmósfera de 7.500 toneladas de CO₂-eq -una medida que agrupa el efecto conjunto de diversos gases de efecto invernadero, no solo el CO₂-. Aún así, lo más preocupante es que el caso de Almería no es único. Las estadísticas oficiales cifran en un total de 12.944 toneladas la cantidad de vegetales que fueron descartados durante el año 2019 en Andalucía antes de entrar en el circuito comercial de alimentos, cifra que alcanzó las 114.000 toneladas para el conjunto de España. Afortunadamente, las sucesivas reformas de la PAC han contribuido a reducir este desperdicio de alimentos, pues durante el periodo que va de 1989 a 1996 se desperdiciaba 20 veces más, rondando los 2.018.000 toneladas por año. Pero este no es un problema exclusivo de España. Si continuamos ampliando el marco geográfico de los cálculos, nos encontramos con que, en el conjunto de la Unión Europea, 9 millones de toneladas de alimentos fueron descartadas antes de entrar en el mercado en 2012, y que, durante el periodo 2008-2015, 80.200 y 52.000 toneladas por año de fruta y verdura frescas fueron retiradas del mercado o directamente destruidas, respectivamente. La encrucijada en la que nos sitúa esta dinámica a largo plazo puede entenderse perfectamente si atendemos a las enormes emisiones de gases de efecto invernadero que conllevan estas prácticas: 5,1 millones de toneladas de CO₂-eq para el periodo 1989-2015 en la Unión Europea.

Más allá de poner todos estos datos sobre la mesa, los autores también apuntan algunas medidas que podrían ser tomadas para reducir la cantidad de alimentos descartados y los subsecuentes impactos ambientales. Una medida de gran calado sería el cumplimiento de la legislación por parte de los agricultores, como por ejemplo la Directiva Marco del Agua, y es que, como ya hemos visto en post anteriores, el exceso de fertilización agrícola daña los ecosistemas acuáticos, dando lugar a sopas verdes derivadas de procesos de eutrofización que contribuyen al cambio climático.

Otras medidas a considerar serían la puesta en marcha de campañas de concienciación ambiental y adoptar nuevos esquemas de etiquetado de productos relacionados con responsabilidad ambiental y social. Desde un punto de vista económico una medida crítica que podría ayudar a reducir el desperdicio de alimentos (y que lleva siendo demandada por el sector primario durante años) es acortar la diferencia entre los precios recibidos por los agricultores y lo que pagan los consumidores. Por poner algunos ejemplos, en España, el incremento de precio entre un producto a pie de explotación y en supermercado va desde el 624% para calabacines al 349% para pepinos, pasando por un 482% para tomates.

A la vista de estos resultados, resulta evidente que estamos ante un gran problema que debe ser abordado inmediatamente si de verdad pretendemos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el 2 (hambre cero) y el 12.3 (reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita). Además, el estudio también remarca la necesidad de integrar todos los aspectos involucrados en la producción agrícola a través de una cuidadosa planificación territorial que persiga distribuir correctamente los usos del suelo y de la implementación de políticas efectivas que protejan recursos esenciales (y cada vez más escasos en algunas zonas) como el agua.

Finalmente, los resultados señalan la urgencia de que los gobiernos coordinen sus acciones en materia de agua, agricultura, cambio climático y usos del suelo si de verdad quieren afrontar con garantías el trilema salud-producción de alimentos-medioambiente que afrontan las sociedades en el siglo 21, promoviendo así el desarrollo sostenible de nuestras sociedades.

Artículo original:

Martínez-Valderrama J, Guirado E & Maestre FT. 2020. Discarded food and resource depletion. Nature Food, 1: 660-662. https://doi.org/10.1038/s43016-020-00186-5