Un grupo científico liderado desde la Universidad Pablo de Olavide y la Estación Biológica de Doñana ha publicado una carta en la que señalan las deficiencias del Anteproyecto de Ley de protección, derechos y bienestar animal que aprobó el gobierno en febrero, cuyo enfoque entra en conflicto con varias leyes y estrategias europeas para la conservación de la biodiversidad. La carta ha sido publicada en la revista científica Conservation Science and Practice. En ella ha participado también personal investigador de la Universidad Miguel Hernández, el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC-UIB) y el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (CSIC).

Gato callejero capturando un lagarto endémico (Gallotia galloti) cerca de una colonia de gatos localizada en Tenerife | Foto: Dailos Hernández-Brito

Este Anteproyecto de Ley presta especial atención a las colonias de gatos, es decir, grupos de gatos sin dueño se mantienen gracias al aporte continuado de comida y otros cuidados. La ley pretende garantizar la protección y el apoyo de estas colonias, tanto en la cuestión nutricional como veterinaria, a cuenta de las administraciones públicas, y reconocer un estatus oficial a las personas que los cuidan de manera voluntaria. Además, prohíbe su eliminación, reemplazando el sacrificio por el control de fertilidad, que es considerado más ético. “Sin embargo, esta estrategia sólo permite una reducción de la población cuando se aplica a un alto porcentaje de animales, durante periodos largos de tiempo y en lugares cercanos. Esto tiene un gran coste asociado e implica la aparición de otros impactos que también deben ser gestionados de manera simultánea”, explica la investigadora Martina Carrete de la Universidad Pablo de Olavide.

Según se ha comprobado en diversos estudios, esta estrategia resulta con frecuencia ineficaz, de modo que al final el control de fertilidad se tiene que perpetuar en el tiempo infinitamente. Es más, en muchas ocasiones el número de gatos ferales no sólo no se reduce, sino que sigue aumentando, tanto en ciudades como en áreas rurales, lo que hace que sus impactos sobre la biodiversidad se mantengan y se intensifiquen a largo plazo.

“Los gatos domésticos son considerados los depredadores no nativos más dañinos para la biodiversidad. Numerosos estudios indican que estuvieron implicados en la extinción de más de una cuarta parte de las extinciones de aves, mamíferos y reptiles en los últimos siglos. La depredación realizada por gatos es la principal causa de la mortalidad de pequeños mamíferos y aves, por encima de atropellos, envenenamientos o la caza”, señala el investigador Miguel Clavero, de la Estación Biológica de Doñana – CSIC. Al contrario de lo que se suele pensar, el que un gato esté bien alimentado no significa que no siga cazando. De hecho, en muchas zonas, los gatos callejeros, son los principales depredadores, ya que sus poblaciones son mucho más abundantes que las de los depredadores silvestres más comunes. “Los impactos sobre la biodiversidad que ocasionan los gatos son especialmente graves en las islas y esta ley socavará, sin ninguna duda, los planes de conservación de especies endémicas y amenazadas de las Islas Canarias y Baleares.”

Los gatos ferales no sólo amenazan la protección de la biodiversidad, sino que también tienen un papel fundamental en la dinámica de enfermedades debido a la alta densidad de individuos en sus colonias y a sus intensas interacciones entre gatos de la misma colonia y con gatos con dueño. Por ejemplo, los gatos fueron la fuente del brote de leucemia felina que estuvo a punto de acabar con la población de linces de Doñana en 2007 y son el reservorio de Toxoplasma gondii, un parásito que genera serios problemas de salud pública.

Alegaciones a la ley de bienestar animal
El grupo científico ha liderado también la redacción de las alegaciones al Anteproyecto de Ley que, según su perspectiva, se deberán tener en cuenta para garantizar que la protección del bienestar animal no choque frontalmente con las estrategias de conservación. Sugieren que, para garantizar el bienestar animal, la ley debería enfocarse exclusivamente en la protección de los animales de compañía, evitando entrar en conflicto con otras normas y estrategias para la conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, la gestión de especies invasoras debería estar encaminada a su erradicación cuando esta sea posible. En el caso de los gatos callejeros, se debería reducir los impactos negativos que provocan, minimizando su número en el menor tiempo posible y limitando el acceso al exterior de los gatos domésticos al máximo. También es importante crear conciencia social sobre los efectos que los gatos producen en su entorno tanto sobre la biodiversidad como sobre la salud pública.

“Es contradictorio que el mismo Ministerio que se compromete a alcanzar los retos de la Agenda 2030, que incluye intentar frenar la pérdida de biodiversidad, esté proponiendo ahora una ley que tiene los efectos contrarios”, afirma la investigadora Martina Carrete. “La gestión de la biodiversidad puede desencadenar algunos retos éticos, pero priorizar el bienestar de unas pocas especies a las que les hemos dado unos privilegios por encima de la conservación de otras especies menos favorecidas, del funcionamiento de los ecosistemas y de la biodiversidad global provocará que tengamos ecosistemas homogéneos dominados por un puñado de especies privilegiadas”.

Referencia bibliográfica:

Martina Carrete, Miguel Clavero, Eneko Arrondo, Anna Travesset, Rubén Bernardo-Madrid, Montserrat Vilà, Julio Blas, Manuel Nogales, Miguel Delibes, Alberto García-Rodríguez, Dailos Hernández-Brito, Pedro Romero-Vidal, José L. Tella. Emerging laws must not protect stray cats and their impacts. Conservation Science and Practice. https://doi.org/10.1111/csp2.12706