“La caza furtiva sigue siendo un problema de conservación para algunas especies amenazadas en la región mediterránea”. A esta conclusión ha llegado un equipo de investigadores del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, de la Universidad de Valencia, y del Centro de Recuperación de Fauna Salvaje ‘La Granja’, de la Generalitat, tras analizar los ingresos por disparo de aves no cinegéticas en los centros de recuperación de fauna salvaje de la Comunidad Valenciana entre 1991 y 2015.

Este trabajo, publicado en Ardeola, la revista científica de SEO/BirdLife, revela que, en este periodo de 25 años, un total de 2.076 aves no cinegéticas, de 101 especies diferentes, ingresaron por esta causa en los centros de recuperación valencianos, siendo las aves rapaces el grupo más afectado, sumando un 74% del total de registros.

Concretamente, de esas 2.076 aves, 112 ejemplares pertenecían a 17 especies amenazadas, y de ellos, 44 correspondieron a especies catalogadas ‘En Peligro de extinción’ en las Listas Nacional y Regional de Especies Amenazadas: 33 aguiluchos laguneros, dos malvasías cabeciblancas (especie también clasificada como ‘En Peligro’ por la UICN), cuatro cercetas pardillas, tres milanos reales, un avetoro y una focha moruna. Además, 32 de esas 44 aves fueron encontradas en cuatro humedales protegidos, lo que evidencia un problema con el control y vigilancia de la caza ilegal en estos espacios: el Prat de Cabanes-Torreblanca, l’Albufera de Valencia, el marjal de Pego-Oliva y El Hondo de Elche.

Pero ingresar en un ‘hospital de fauna’, a pesar de los grandes esfuerzos que los veterinarios realizan por salvarles la vida, no siempre significa recuperación y regreso a la naturaleza, muchos casos son irrecuperables: “Del total de aves no cinegéticas ingresadas por disparo en los centros de recuperación, menos de una cuarta parte pudo ser rehabilitada y finalmente devuelta de nuevo al medio natural”.

Los autores destacan que “a lo largo del periodo de estudio se registraron episodios de caza ilegal durante todos los meses del año, aunque los máximos tuvieron lugar en la temporada cinegética oficial”. Y subrayan que “siguen teniendo lugar ingresos por disparo de especies protegidas, si bien es cierto que con el paso de los años se ha registrado una disminución, en paralelo al descenso en el número de licencias de caza expedidas en la región”.

“Nuestros resultados muestran que las aves protegidas siguen siendo objeto de caza ilegal, pese a la legislación conservacionista en vigor, lo que puede suponer un grave problema de conservación para algunas especies amenazadas. Urge actuar para mitigar esta actividad ilegal en las áreas conflictivas”, advierten los investigadores. Asimismo, indican que “aunque los disparos no son el mayor problema de conservación, en general, para las poblaciones de especies protegidas, sí podrían representar un grave problema para aves rapaces amenazadas como el águila perdicera (27 ejemplares ingresados en los centros de recuperación), catalogada como ‘Vulnerable’ a nivel nacional y con las dos terceras partes de su población ubicada en España”.

En España, aunque la legislación relativa a la protección de las aves lleva implementada décadas, estudios internacionales estiman que entre 100.000 y 400.000 aves son cazadas ilegalmente cada año. A escala nacional, la caza ilegal se cuenta entre los problemas de conservación más relevantes para especies tan amenazadas como el avetoro o el águila perdicera. No en vano, el 52% de las admisiones en los centros de recuperación valencianos analizados en el estudio publicado en Ardeola correspondió a cuatro aves rapaces: 483 cernícalos vulgares, 320 gavilanes comunes, 184 busardos ratoneros y 103 búhos reales, especies de imposible confusión, de las cuales ningún cazador dudaría de su protección.

Más información:

Jorge Crespo, Iris Solís, and Emilio Barba “Illegal bird hunting in Eastern Spain: A declining trend, but still worrying,” Ardeola 68(1), 181-192. https://doi.org/10.13157/arla.68.1.2021.ra10