Existen en la Unión Europea diferentes directivas que los Estados miembros deben cumplir para mantener la buena salud del medio ambiente. Pero no siempre lo hacen. Más a menudo de lo que deberían, no toman las medidas adecuadas para, por ejemplo, proteger ecosistemas y especies vulnerables o evitar la contaminación.

¿Qué ocurre entonces? ¿Puede la UE imponerles una multa?

El papel del Tribunal de Justicia.

El Tribunal de Justicia es el garante del respeto al derecho de la Unión Europea, lo que incluye, en particular, la capacidad de enjuiciar el incumplimiento de la normativa europea de contenido ambiental.

Ante este tribunal pueden presentarse diferentes tipos de recursos. Entre ellos, el recurso por incumplimiento permite valorar la conformidad con el derecho de la Unión Europea de las acciones y omisiones de los Estados miembros.

Incumplimiento de las normas ambientales.

El recurso por incumplimiento supone un instrumento fundamental para valorar la aplicación de la normativa europea ambiental por parte de los Estados miembros. Permite un diálogo entre el Estado reclamado y la Comisión Europea. Se ponen de manifiesto las dificultades para la implementación de la norma ambiental y los problemas de los sistemas nacionales para cumplir las obligaciones asumidas.

Una vez que el caso llega al Tribunal de Justicia de la UE, se declarará si ha habido o no incumplimiento de la normativa ambiental llevando a cabo una interpretación de la norma. Esta será de interés no solo para el Estado enjuiciado, sino para todos los Estados miembros.

La normativa ambiental respecto de la que se alega su incumplimiento en este tipo de recurso es muy variada y abarca prácticamente todos los ámbitos de la acción ambiental.

Países infractores.

En un repaso de los casos de los que se ha ocupado el Tribunal de Justicia, pueden encontrase pronunciamientos sobre el incumplimiento de la normativa sobre calidad del aire y el agua, ruidos, vertidos, protección de la biodiversidad, así como sobre el acceso a la información y a la justicia ambiental.

A modo de ejemplo, pueden citarse algunos pronunciamientos recientes del Tribunal de Justicia en 2022 que ilustran la variedad de situaciones que evalúa en sus sentencias.

Mediante Sentencia de 13 de enero de 2022, se declaró el incumplimiento por parte de Eslovaquia de sus obligaciones en virtud de la Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. El país no había elaborado planes de acción para los grandes ejes viarios y ferroviarios que fueron analizados por el Tribunal y no había comunicado a la Comisión resúmenes de estos planes de acción.

Meses después, el mismo Estado recibiría un nuevo pronunciamiento de incumplimiento en la Sentencia de 22 de junio de 2022, esta vez por incumplir la Directiva Hábitats. No había adoptado las medidas adecuadas para impedir el deterioro de los hábitats en las Zonas de Protección Especial designadas para la conservación del urogallo.

También es reciente el pronunciamiento contra Bulgaria incluido en la Sentencia de 28 de abril de 2022. En este caso, el Tribunal declaró que este país había incumplido la Directiva marco sobre la estrategia marina. No había revisado la evaluación inicial del buen estado medioambiental de las aguas marinas que había realizado conforme a la Directiva. Tampoco había comunicado a la Comisión las actualizaciones efectuadas tras esas revisiones, lo que resultaba una pieza clave en la norma para promover el buen estado ambiental del medio marino.

En relación a España, podemos encontrar un pronunciamiento de incumplimiento en la sentencia de 24 de junio de 2021. El Tribunal declaró el incumplimiento de la Directiva de Aguas y de la Directiva Hábitats. El país no había tomado las medidas adecuadas ante extracciones de aguas subterráneas para evitar alteraciones de los hábitats del espacio protegido de Doñana.

¿Hay consecuencias?

Cuando se produce una declaración de incumplimiento por parte del Tribunal de Justicia, el Estado queda obligado a adoptar todas las medidas necesarias para poner fin a este incumplimiento. En materia ambiental, esto implica la revisión de toda la actuación estatal de forma que se produzca una adecuada implementación de la normativa ambiental.

Esto supone iniciar un proceso en el que no siempre resulta fácil determinar si se están llevando a cabo las medidas adecuadas para asegurar la ejecución de la sentencia del Tribunal. Nuevamente, la comunicación con la Comisión Europea resulta decisiva para verificar que se garantiza el cumplimiento del derecho ambiental europeo.

En caso de que se determine que la sentencia no ha sido adecuadamente ejecutada, se prevé la posibilidad de establecer un nuevo recurso por incumplimiento, en este caso, de la sentencia previa del Tribunal. Es decir, el caso vuelve a someterse al Tribunal de Justicia, que evaluará si se han adoptado las medidas adecuadas para el cumplimiento de su pronunciamiento.

En este segundo pronunciamiento, el Tribunal de Justicia podrá imponer al Estado el pago de una cantidad a tanto alzado o de una multa coercitiva. Las cantidades establecidas por el Tribunal se constituyen, de esta forma, en la principal medida disuasoria para el incumplimiento de los pronunciamientos del órgano judicial, así como de la normativa ambiental europea.

La cantidad establecida dependerá de la importancia de la norma vulnerada, la gravedad y el periodo de la vulneración y la situación económica del Estado infractor. Se han establecido unos métodos de cálculo de estas cantidades en función de los Estados que se revisan periódicamente.

El objetivo es que los países se lo piensen dos veces a la hora de incumplir la legislación ambiental europea.