Un grupo de investigadores españoles ha llegado a la conclusión de que una nueva fuente de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) ha surgido en España. Según su estudio, esta nueva fuente aparece a raíz de la legislación sanitaria europea (2002/1774/EC) desarrollada tras el brote de encefalopatía espongiforme bovina  (“enfermedad de las vacas locas”) en Europa. Esta investigación, que ha sido publicada en la revista Scientific Reports, describe cómo la suplantación de un servicio ecosistémico proporcionado por los carroñeros desde hace milenios, supone, además de diversas implicaciones para la conservación de los carroñeros en España, importantes e innecesarios costes ambientales y económicos.

A pesar de que una nueva normativa (2011/142/CE) permite a los ganaderos abandonar los cadáveres de ganado extensivo, una parte importante de los cadáveres es aún retirada de las explotaciones ganaderas por empresas autorizadas conforme a lo dispuesto por la normativa anterior.

En el equipo de investigadores que ha elaborado este artículo participa la investigadora de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Martina Carrete, junto a los investigadores Zebensui Morales Reyes, Juan Manuel Pérez García, Marcos Moleón, Francisco Botella, Carolina Lazcano y José  Antonio Sánchez Zapata de la Universidad Miguel Hernández, de Elche, Rubén Moreno Opo, de la Universidad Complutense de Madrid, Antoni Margalida, de la Universidad de Lleida y la Universidad de Berna, y  José  Antonio Donázar, de la Estación Biológica de Doñana (CSIC).

Los investigadores afirman que tras implantarse la obligación por parte de la legislación europea de retirar y destruir en plantas autorizadas todos los cadáveres de los animales muertos en explotaciones ganaderas, surge una nueva fuente de emisión de GEI sin precedentes.  En concreto, el estudio cifra las emisiones a la atmósfera en 77.344 toneladas de CO2 como resultado del transporte de cadáveres de ganado extensivo en España, lo que supone un 0,1% del total de emisiones por transporte en 2012. Para hacernos una idea, supondría el 25% de las emisiones derivadas del cultivo de arroz o el 8% de la industria química.

Con la puesta en marcha de esta normativa, se produjo un considerable descenso en la disponibilidad de alimento para las especies carroñeras, lo que tuvo importantes efectos negativos sobre la población de buitres en España (hogar del 95% de los buitres europeos).  Los investigadores sugieren un argumento a favor de los sistemas tradicionales y naturales de eliminación de los cadáveres de ganado por parte de los carroñeros,  de cara a conservar no solo la biodiversidad sino también los servicios que esta nos proporciona.  Los carroñeros mediante la eliminación de cadáveres benefician a los humanos, por ejemplo, a través del control de enfermedades o, como se describe en el artículo, indirectamente ayudan a reducir los niveles de CO2 emitidos a la atmósfera.

La suplantación del servicio ecológico proporcionado por los carroñeros mediante la eliminación artificial de los cadáveres además supone unos pagos anuales de los ganaderos y las administraciones públicas a las compañías de seguros de alrededor de 40 millones de euros.

Dado que España es uno de los países de Europa que tiene que pagar más para cumplir con el protocolo de Kyoto, la sustitución de del servicio ecológico proporcionado por los carroñeros por uno artificial supone un incremento innecesario en la emisión de GEI que debe ser considerado, tanto desde el punto de vista ecológico como económico. Más aún cuando los carroñeros son altamente eficientes realizando este servicio.  Además, con la conservación de los carroñeros no solo se mantiene la biodiversidad a nivel mundial sino también se conservan los diversos servicios que estos nos proporcionan, favoreciendo así el bienestar presente y futuro de todos.